Una ley que aflige a taxistas turísticos

Las leyes son implementadas para poner orden o mejorar alguna disposición en relación a un precepto establecido, pero cuando una de esas leyes (en cierto modo esperada por un sector) se hace vigente y aflige un segmento que genera ingresos por el concepto de ofrecer sus servicios, en ese caso los estatutos no son buen visto ni bien recibidos.

Es precisamente lo que ha ocurrido con la aplicación de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual ha llegado para poner un tranque a más de 80 mil taxistas que pertenecen a la Confederación Dominicana de Taxis Turísticos (Codatatur).

Sí, esos miles de empleados que brindan sus servicios a uno de los sectores que forma parte esencial de la economía nacional y que es tan solicitado, pues son miles y miles de viajeros que utilizan el servicio de taxis, y se verán afectados en sus labores por algunas disposiciones contenidas en la ley.

Los choferes que han servido por años (entiéndase personas con más de 65 años de edad) a la industria turística tendrán, en cierta medida, que abandonar su forma de sustento, pues la nueva normativa prohíbe el trabajo en ese ramo a hombres que han dedicado toda su vida a dicho servicio.

Ahora bien, no solo se puede pensar en esas personas que tendrán que abandonar su quehacer en el sector, también hay que detenerse a repasar el daño colateral que la medida, buena en otros puntos, le hará al turismo dominicano.

Para tener más o menos una idea, hay turistas que tienen la confianza de su traslado en el país depositada en una de esas personas, ya que cuentan con años de labores  en aeropuertos, hoteles, restaurantes, entre otros. Además de que poseen la experiencia de conocer cada rincón de República Dominicana.

Esa confianza, por mínima que se vea, es lo que hace que un turista quiera repetir su isita a la isla, crear esa sinergia con alguien al que se pueda fiar para el traslado es muy valorado. Si continuo surgirían muchas cosas a favor de que esos taxistas sean reintegrados a sus labores, pero hay más cosas en que pensar.

Cómo: ¿Qué pasará con esos más de 80,000 transportistas? ¿A que se dedicaran? Más interrogantes surgen en mi mente, ya que los afectados han manifestado sentirse discriminados al impedirles ejercer sus funciones cuando aun se sienten ser útiles para laborar en un sector que cada vez tiene más demanda.