Procurador dice embargos abusivos en el sector turismo son chantajes

Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, ha indicado que los embargos abusivos en el sector turístico y las invasiones de tierra son dos de los principales retos que enfrenta el país en materia de seguridad jurídica, por lo que ha instado a ese sector a denunciar oportunamente esa práctica.

Domínguez Brito precisó que muchos embargos se usan como medio de presión y chantaje y que en tal sentido, han instruido al personal del Ministerio Público para que sea cuidadoso y no permita las arbitrariedades.

El Procurador mostró su preocupación por ambos temas, así como por la falsificación de títulos, la seguridad social y la seguridad ciudadana, al participar como invitado especial del almuerzo conferencia “La Seguridad Jurídica y el Sector Turismo”, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, según recoge Diario Libre.

Recordó que la mayoría de los embargos que se dan en el sector turismo son de tipo laboral, y que muchas veces se tratan de mafias organizadas que se hacen valer de sentencias logradas en base a artimañas, y sin usar la fuerza pública.

“Por eso les exhorto a estar atentos a cualquier notificación, y ante cualquier amenaza acudan rápido al Ministerio Público, que tenemos órdenes de apresar y someter a la justicia a estos mafiosos. No duden en someter a esas bandas”, dijo. En ese sentido, también habló de la necesidad de que la contratación de personal en el sector turístico sea ajustada a la ley de Seguridad Social, para evitar que empleados molestos puedan incoar acciones que terminen en embargos irregulares.

Dijo que para las autoridades del país es un reto transformar el sistema de seguridad social de manera que permita hacer las afiliaciones de los trabajadores extranjeros con otros documentos, además de con una cédula.

En cuando a las invasiones de tierra, indicó que muchos de estos casos son patrocinados por dirigentes políticos, y recordó que dos regidores están presos por estos hechos. Domínguez Brito recordó que el Estado está llamado a proteger la propiedad, y que trabaja seriamente para evitar invasiones sin una orden judicial.

“Cualquiera que entre a una propiedad, el Ministerio Público está obligado a desalojarlo, pero se requiere de la acción más rápida posible de los inversionistas para que denuncien los casos, y no permitan que el problema crezca, pues después que la invasión tiene años, es más difícil de desalojar”.

También instó a los inversionistas de tener un rol activo en los procesos de deslindes como garantía contra las falsedades de títulos que afecta al sector.