Macao, el laboratorio del Mitur para experimentar con edificios

El turismo dominicano siempre ha disfrutado de una interacción envidiable entre los actores públicos y privados, caracterizada por una especie de armonía fabricada por un escritor de cuentos felices.

Pero desde finales del año pasado la controversia ha tocado lo más alto de la crema y nata hotelera. Se trata del permiso de construcción de edificios con altura de hasta 77 metros en segunda línea de playa emitido por el Ministerio de Turismo (Mitur) en octubre de 2017.

Parece que el tema ha preocupado -y bastante- a los hoteleros de Punta Cana, quienes han sido más que cautelosos a la hora de abordar el asunto, como cirujanos al inicio de una operación compleja.

Lo mismo ha sucedido con el Gobierno, cuya primera reacción ante el rechazo hotelero fue para pedir tiempo con el evidente fin de dar una respuesta comedida, acertada y que no agitara todavía más el avispero que se había formado con sus viejos aliados del sector privado.

El enfrentamiento se reduce, básicamente, al cambio de un modelo, de uno acostumbrado a edificaciones inferiores a los cinco pisos a otro que admitiría edificios de hasta 22 plantas en playa Macao.

La Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores) no entiende por qué empezar a cambiar una fórmula que ha dado resultados durante décadas y que se replica por todo el Caribe.

A ese alegato también se podría agregar la presión obvia sobre los servicios públicos que implicaría el aumento demográfico en Punta Cana, sobre todo considerando el historial nefasto del país a la hora de proveer bienes básicos como agua o luz.

Otro punto en contra de los edificios verticales podría ser el efecto sobre los inversores, no de aquellos con potencial futuro, sino de los empresarios que llevan años haciendo negocios en el litoral. Para ellos implicaría un cambio en las reglas de juego que, sin dudas, tiene su efecto en la seguridad jurídica de la nación.

Asimismo, se podría esperar una reducción de la tasa de ocupación, la pérdida de parte del mercado asiduo que podría optar por una segunda vivienda, y hasta la posibilidad de que las altas edificaciones obstaculicen la llegada del sol vespertino a la playa.

Del otro lado, existen argumentos a favor como el aumento de la capacidad de alojamiento de Punta Cana, que actualmente es una potencia indiscutible en América Latina, cuyo nombre es más reconocido que hasta el del país. Esa mayor capacidad podría implicar la llegada de más gente con divisas.

El mayor flujo de pasajeros implicaría beneficios para el Aeropuerto de Punta Cana, que de por sí es el más exitoso del país, convirtiéndolo hasta en un punto de conexiones gracias a la diversidad de destinos con los que interactúa.

Se debe considerar el efecto en la demanda interna de materiales de construcción y de mano de obra durante y luego del proceso de edificación.

De igual modo, esta podría ser la puerta de entrada para explotar el mercado inmobiliario, supliendo la demanda de apartamentos con vista al mar de un segmento de alto poder adquisitivo, convirtiendo a Punta Cana en un destino capaz de competir con el propio Miami.

Lo interesante es que la norma del Mitur solo permite este tipo de construcciones en una franja del litoral de Punta Cana, como si se tratase de un experimento para estudiar los efectos que podría producir esta nueva modalidad en los planes de atracción de mayor cantidad de turistas en los próximos años.

La verdad es que la idea de edificios cerca de la playa no es tan descabellada, el mejor ejemplo de Benidorm, en España, con sus rascacielos con vista al infinito que han suplido las necesidades de un ávido mercado español y europeo.