La disolución del Banco Peravia no provoca daños en el turismo dominicano

La disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, autorizada por la Junta Monetaria ante el incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles y por insuficiencia mayor al 50% del coeficiente de solvencia de esa entidad, no ha afectado al sector turístico, en vista de la escasa relación comercial de empresas turísticas del país con esa institución financiera.

Según ha sabido arecoa.com de fuentes de primer nivel, solo el grupo turístico español Globalia tenía relación comercial con Banco Peravia, pero últimamente venían pasando sus negociaciones financieras a manos del Banco de Reservas (Banreservas).

La Superintendencia de Bancos (SB) llamó a los depositantes a acudir a las oficinas del Banco Peravia para que se les validen sus depósitos y certificados financieros. Exhortó a los deudores a ponerse al día con sus obligaciones de préstamos y facilidades crediticias, según publica el diario Hoy.

Los activos del Banco Peravia ascendían a RD$2, 076.50 millones a junio de este año, siendo el tercero en su categoría en el país. Inició sus operaciones en agosto de 1987 como Banco de Desarrollo Peravia y en febrero del 2008 cambió el nombre a Banco Peravia de Ahorro y Crédito. Indicó que la decisión está contenida en la primera resolución de la Junta Monetaria del 19 de este mes que autoriza a iniciar la disolución del Banco Peravia.

La SB informó que está depurando los activos y obligaciones con los depositantes de la entidad, después de haber iniciado una inspección especial para efectuar el proceso de disolución del Banco Peravia según establece la Ley Financiera y Monetaria 183-02 y el Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.

La Junta Monetaria también autorizó a la SB a identificar si existen acciones irregulares de directores, accionistas y miembros del consejo de administración del Banco Peravia y a reunir las evidencias para que los mismos sean sometidos a la justicia por cometer delitos de índole penal, administrativo o de otra naturaleza.