EE UU avala concesión aeropuerto de Puerto Rico a Grupo Asur

A pesar de la negación de la Cámara de Representantes y de la mayoría de la población, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos aprobó hoy el traspaso por 40 años del aeropuerto internacional de Isla Verde a la empresa mexicana Aerostar.

No sirvió el informe contrario a la privatización de la terminal aérea que presento a esa nación la Cámara de Representantes, la más importante del país, por entender que es económicamente perjudicial.

Contrario a la postura adoptada por la mayoría de la cámara baja, dominada por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, continuará con la transacción que heredó de su predecesor, Luis G. Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

García Padilla se había comprometido, si el pueblo le daba su voto en las elecciones de noviembre de 2012, a detener la privatización del aeropuerto internacional de Isla Verde, que lleva el nombre del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, por considerarlo «un mal negocio para el país».

Tras alcanzar la gobernación isleña, el político dio un giro de 180 grados, bajo el alegato de que esa era la única forma de evitar la bancarrota de la Autoridad de los Puertos, que lo administra, según publica el portal Aerolatinnews.

Diversos economistas han planteado que lo que pagará el consorcio mexicano-estadounidense por el arrendamiento no resolverá la situación económica de Puertos y, por el contrario, será muy por debajo de lo que genera anualmente la instalación pública.

El consorcio privatizador hará un pago inicial a la Autoridad de US$615 millones y durante los primeros cinco años del acuerdo abonará US$2,5 millones anuales.

Aportará además el 5% de las ganancias anuales del año seis al 30, y el 10% de los ingresos anuales entre el año 31 hasta el final del acuerdo.

Aerostar Airport Holdings estableció una cláusula de no competencia, lo que impedirá a la Autoridad de Puertos desarrollar otras instalaciones aéreas del país por cuatro décadas.

El organismo público cederá al privatizador los fondos que aporta el gobierno de Estados Unidos para la terminal aérea y el cargo de US$4.50 por pasajero, lo que representa 36 millones anuales, a base de ocho millones de pasajeros. El portavoz de la organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (Pueda), Juan Camacho, anunció que organizarán actividades de desobediencia civil para abortar el acuerdo, por considerar que perjudica los intereses de los puertorriqueños.

En tanto, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, confirmó en horas de la madrugada mediante declaraciones escritas la decisión de la FAA de aprobar la denominada Alianza Público- Privada que daría a Aerostar Airport Holdings la administración por 40 años de la principal terminal aérea de Puerto Rico, lo que podría afectar a los aeropuertos regionales.

La presidenta de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO), Astrid Rosario, hizo un llamamiento a «mantener la lucha» para garantizar la permanencia del aeropuerto en manos del gobierno puertorriqueño.

Afirmó que la privatización dejará sin resolver el problema financiero de la Autoridad de los Puertos, a la vez que «se estará regalando la única división que genera ingresos en la agencia, restando así posibilidades a la conservación y desarrollo de las otras facilidades portuarias bajo su responsabilidad».