Puerto Rico: Cámara de Representantes rechaza la privatización del aeropuerto

En un informe de 25 páginas, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presenta su total rechazo a la propuesta de privatizar el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde, Carolina.

el informe sometido por José Varela Fernández, presidente de la comisión cameral de Gobierno, señala que «La transacción que nos ocupa carece del indispensable valor de transparencia que debe gozar toda transacción de enajenación o gravamen de un bien que forme parte del patrimonio público».

Destacan en el documento, hallazgos y conclusiones que indican que «no hay garantía alguna de que Aerostar retenga a los empleados federales o privados actuales en el aeropuerto».

Por su lado, la representante y ex presidenta cameral, Jennifer González, catalogó el informe como un documento «raquítico» que excluyó el sentir de sectores interesados que favorecen la privatización y de prestigiosos economistas como Estudios Técnicos.

González aludió a las contradicciones del gobierno central, al destacar que el gobernador Alejandro García Padilla, así como el director de la Autoridad de los Puertos, Víctor Suárez, apoyan la transacción y cuestionó qué alternativas proponen los opositores de esa transacción para resolver la crisis en puertos.

El representante popular Luis Vega Ramos opinó que el contrato de la privatización es «renegociable y reconstituible» y expresó que la representante González, en su turno de debate, documentó cómo se procedió a «embrollar» a la Autoridad de Puertos para justificar la privatización del aeropuerto e insistió en procurar otras alternativas para atender las deudas millonarias en esa agencia.

El informe de la comisión cameral de Gobierno destacó que es previsible un alza en los costos de utilizar el aeropuerto «para todos los consumidores de sus servicios» y que «no hay garantía alguna de control de precios o tarifas en beneficios del pueblo de Puerto Rico».

El reporte indica también que «los comerciantes puertorriqueños que tienen concesiones en el aeropuerto no tienen garantía alguna de que serán tratados con justicia, en caso de que la transacción se sostenga».

El documento señala que esos trabajadores están inmersos en la incertidumbre y «temen un aumento considerable en las rentas y la importación de inversionistas comerciales a los terminales por parte de Aerostar».