Comercialización turística de alto calibre: crece 37% Expo de Asonahores

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Joel Santos, destacó como aspecto de gran importancia el ordenamiento de las regiones turísticas; y reveló que una de las 25 medidas aprobadas en la Subcomité de Turismo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), es reencausar los proyectos de reordenamiento territorial para fortalecer la competitividad del sector.

Entre las medidas acordadas en el Subcomité de Turismo para presentar al Consejo de Competitividad, en el campo ambiental están la creación de una Unidad Técnica Institucional para la Gestión Sostenible de Playas, iniciar el proyecto de regeneración de playas y la revisión del proyecto de ley de manejo de residuos sólidos.

Santos se refirió en estos términos al pronunciar las palabras de apertura de la Exposición Comercial Asonahores 2018, que se realiza en el Blue Mall Puntacana. En ese sentido, puntualizó que para esta edición fue necesario habilitar 326 exhibidores, un incremento de 37% con relación al 2017 y alcanzaron la cifra récord de 50 empresas que hacen presencia por primera vez en la feria.

En cuanto a Santo Domingo, Santos dijo que se aprobó impulsar la segunda fase del proyecto de la Ciudad Colonial y la creación de un Buró de Convenciones; y en el tema de la promoción, elaborar estrategias para desarrollar el turismo de ferias y convenciones para promover el turismo de salud, para un relanzamiento en el mercado europeo, para posicionarnos en el mercado asiático y para impulsar la promoción digital.

Además, informó que se acordó sugerir la aprobación del reembolso del ITBIS cargado a los turistas en sus compras, para incrementar el gasto en este renglón “y como estrategia de promoción” del país.

En este tema también se llevará al Consejo de Competitividad, la aplicación de la ley que crea el Fondo Oficial de Promoción Turística con los ingresos que aporta la tarjeta de turismo.

Igualmente, se sugerirá diseñar una estrategia de seguridad turística; revisar los requerimientos para otorgar la licencia a prestadores de servicios turísticos;  crear un mecanismo para agilizar el procesamiento de los documentos que avalan los incentivos aprobados; aprobar la adecuación de los incentivos especiales para jubilados; revisar el reglamento de evaluación de activos; aprobar una normativa única para el cobro de arbitrios municipales, y asegurar la libre competencia en el servicio de transporte terrestre.

Para el presidente del gremio turístico es de suma importancia mantener el crecimiento sostenido y “modelo de éxito” que lleva el sector y a la vez acrecentar lo que aporta al país, que ya supera el 20% del producto interno bruto.

Estos datos, afirmó Santos, reflejan las dimensiones que ha adquirido la demanda de bienes y servicios de la industria turística, que según los estimados del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, en el 2017 sumó 236 mil millones de pesos y superará este año los 246 mil millones de pesos; un promedio diario de más de 670 millones de pesos.

Explicó que el último estudio realizado encontró que la factura del sector turismo representa el 19% en el transporte, 19% en de otros servicios, 12% de la construcción, 10% del comercio, 8% del inmobiliario, el 7% de otras manufacturas, el 5% de bebidas y tabaco, el 5% del sector financiero, el 4% de electricidad, agua y gas, y el 2% de la ganadería, por solo mencionar algunos de los rubros más importantes

Dijo que este informe, elaborado por la consultora independiente ANALYTICA, patrocinado por el Banco Popular, señala que el impacto del turismo sobre la inversión total es cercano al 20% y se estima que anualmente este sector “podría estar estimulando nuevas inversiones en otras áreas de la economía del orden de los tres mil millones de dólares”.

Santos destacó que el citado informe revela que el turismo soporta el 14% del empleo en el comercio; el 10% en el transporte; el 7% en la construcción; el 6% en la actividad agrícola; el 4% en otras manufacturas; el 3% en la ganadería, el 2% en alimentos, tabaco y bebidas; el 1% en zonas francas y el 1% en el sector público.