El día 10 de mayo por presunto delito contra la Hacienda Pública

El dueño de Guavaberry se expone a su tercera condena en España

Acusado de ocultar beneficios al fisco para evitar pagar US$ 600.000

Posee también un hotel a medio construir en Santo Domingo


2 mayo, 2012 Por G. Costigan Deja un comentario

El empresario español Tomás Olivo, propietario en República Dominicana del Guavaberry Golf and Country Club  y con otros proyectos hoteleros a medio construir en la capital dominicana, Santo Domingo,se expone a su tercera condena por la Justicia española.

Olivo, que suma ya dos condenas por maltrato y delito urbanístico, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 10 de mayo por presunto delito contra la Hacienda Pública, después de que los fiscales le acusen de ocultar beneficios al fisco para evitar pagar 450.000 euros (casi US$600.000 dólares).

El empresario se enfrenta a dos años y medio de prisión y multa de 3 millones de euros por presunto delito contra la Hacienda Pública, y de acuerdo con El Confidencial, la Justicia ha decidido retirarle el pasaporte por peligro de fuga.

Además de esta causa, Olivo está procesado en el caso Malaya – ( En República Dominicana conocido como «Caso Marbella») dedicado a la corrupción urbanística en el municipio turístico andaluz de Marbella–, donde se enfrenta a cinco años de prisión y una multa de 4,8 millones por presunto cohecho.

Según la versión de la Fiscalía Anticorrupción, supuestamente pagó 2,4 millones de euros en sobornos a Juan Antonio Roca. De este montante, 600.000 euros serían por nueve licencias para la ampliación del centro comercial La Cañada de Marbella. Durante su declaración en la vista, tanto Olivo como Roca han negado que estos cohechos hayan tenido lugar.

Olivo es un empresario que ha estado muy relacionado con otros grandes propietarios de grupos turísticos españoles, con algunas inversiones en República Dominicana y en otras zonas del Caribe.

El promotor inmobiliario fue condenado en el Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga a cinco años de cárcel por tres delitos de maltrato familiar, uno de ellos continuado, y otros dos de descubrimiento y revelación de secretos. También le prohíbe hablar o aproximarse a su víctima durante cinco años y una multa de 7.200 euros.



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