Propietarios de parcelas en Bahía de las Águilas defienden legalidad de sus títulos

Mediante un documento público emitido a través un grupo de abogados, los propietarios de parcelas en Bahía de las Águilas, llamaron la atención sobre lo que calificaron “como el insensato interés de la Procuraduría General de la República de patrocinar un fusilamiento judicial para abortar una solución jurídica racional a un conflicto inmobiliario”.

Por otro lado, varios juristas relacionados con el conflicto inmobiliario que afecta el litoral de Pedernales explicaron “solo el  5% de las parcelas con títulos legítimos de propiedad están ubicadas en la zona protegida de Bahía de las Águilas  y el Estado cuenta con mecanismos para garantizar  su  integridad, como lo ha hecho en otras reservas especiales del país”.

El grupo defendió sus derechos de propiedad al sostener que no todo lo que está dentro de esa demarcación es ilegal y fraudulento, en vista de que hay muchos títulos que están avalados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras a través de procesos ajustados a las normas legales y a las prácticas comunes.

En el documento, firmado por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, se critica que la Procuraduría abortara el acuerdo que el Estado hizo con los propietarios.

Los abogados definieron como falso el argumento de que todas las parcelas integradas en el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo a principio del 2013 constituyen Reservas Científicas,  asegurando que “la verdad fácilmente demostrable es que más de un tercio de los terrenos “nunca han sido parte del Parque Nacional Jaragua, y el restante 65%  están situadas dentro  del Cuarto Polo Turístico de la República Dominicana, creado por la Ley 266-04”.

Añadieron que es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos y sostienen que también es un insulto para toda la sociedad pretender negar que las propiedades legitimadas por el Tribunal Superior de Tierras forman parte del citado polo turístico.

Precisaron dichos abogados que con la negativa a un acuerdo por parte de la Procuraduría, se le niega al Estado la posibilidad de beneficiarse del 55% de las parcelas depuradas y legalizadas por el sistema judicial dominicano, tal como se establecía en el acuerdo anunciado a principio de este año por el Presidente Danilo Medina.

“En un proceso en el que participan como demandadas más de 600 personas, es innegable que se requiere para su conocimiento en el marco del buen derecho, de una depuración procesal extensa, exhaustiva, rigurosa y compleja, que de ajustarse a las leyes y jurisprudencia de la materia, necesariamente debería culminar con la validación de los títulos de propiedad legitimados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras mediante un proceso diáfano y hasta ahora jurídicamente incontestable”, expresaron.