Airbnb a sus anfitriones en RD: “Estén conscientes que las reglas del juego van a cambiar”

En el actual contexto de una reforma fiscal, la compañía estadounidense Airbnb está interesada en regular sus servicios operativos y de alojamiento en la República Dominicana, bajo un modelo fiscal que se ajuste a la naturaleza de su negocio: el de ser una plataforma digital sin presencia física en los países en los que opera.

Carlos Muñoz, encargado de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Airbnb, explicó que «está de acuerdo con que se le retenga el 18 % del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) sobre las comisiones que cobra a los anfitriones por los servicios directos que les ofrece en su aplicación».

«El sistema de agente retenedor no funciona y esta modalidad resta competitividad al negocio, ya que incentiva a los anfitriones a buscar otros sitios web para ofertar sus alojamientos, originando evasión y un mayor incremento de ofertas informales», indicó.

Agregó que, «esto para las plataformas digitales es imposible. Imagina, aquí son miles (de anfitriones), entonces luego tengo que hacerlo en mi región, que son 39 países. Entonces, a nivel global todos los gobiernos van a querer lo mismo: Solo en Francia hay más de 20,000 jurisdicciones fiscales. No nos vamos a convertir en la DGII del mundo».

Informó que la empresa tiene sus reservas, sin embargo, con responsabilizarse de retener el 18 % del Itbis por las ofertas de alojamiento que ofrecen sus usuarios, un servicio distinto a las operaciones directas de la empresa, debido a que cada propietario decide lo que quiere ofrecer y cuánto cobra por ese servicio.

«El sistema de agente retenedor no funciona», añadió.

Muñoz asegura que esto es lo que propone, desde el 2021, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el “Reglamento para la Aplicación del Itbis a los servicios digitales captados en la República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior”, un documento que se ha quedado estancado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pendiente de revisión, según Diario Libre.